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Sevilla, España
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Además de las oportunidades que supone el uso de Big Data en salud, también genera desafíos importantes en el campo de la investigación, especialmente desde el punto de vista de su gestión y de las consideraciones éticas.
La Unión Europea ha estado promoviendo diferentes iniciativas que permitan la explotación de estos datos en el contexto de la economía del conocimiento.
El Comité de Ética de la UNESCO ha identificado tres principios éticos a tener en cuenta sobre la aplicación de Big Data en Salud: independencia, privacidad y justicia.
La protección de la privacidad y la seguridad de los pacientes se cuestiona en un contexto en el que la ciberseguridad está lejos de ser completa.
Además, un desequilibrio en la explotación de estos datos por parte de los sectores público y privado podría generar inequidades que significarían un problema importante de justicia social.
Este artículo sigue una metodología cualitativa basada en el análisis documental de los textos legislativos vigentes, especialmente el recientemente aprobado reglamento general de protección de datos (RGPD), así como documentos no legislativos de proyectos y comunicaciones parlamentarias a lo largo de las dos últimas legislaturas, con el objetivo es analizarlas y evaluar cómo se ajustan a los principios esbozados por la UNESCO, especialmente con respecto al principio de justicia social. También se revisan los proyectos nacionales más representativos que han empezado a adoptarse.
In addition to the opportunities posed by the use of Big Data in health, it also generates important challenges in the field of research, especially from the point of view of its management and ethical considerations.
The European Union has been promoting different initiatives that allow the exploitation of this data in the context of the knowledge economy. The UNESCO Ethics Committee has identified three ethical principles to take into account regarding the application of Big Data in Health: independence, privacy and justice.
The protection of privacy and patient safety is questioned in a context where cybersecurity is far to be complete. In addition, an imbalance in the exploitation of these data by the public and private sectors could generate inequalities that would represent a significant problem of social justice.
This article follows a qualitative methodology based on the documentary analysis of current legislative texts, especially the recently approved General Data Protection Regulation (GDPR), as well as non-legislative documents of projects and parliamentary communications throughout the last two legislatures, with the aim of analyzing them and evaluating how they conform to the principles outlined by UNESCO, especially with respect to the principle of social justice. The most representative national projects that have started to be adopted are also reviewed.
