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Todo estudio de investigación con seres humanos debe garantizar el cumplimiento de tres principios éticos fundamentales: el principio de beneficencia (es decir, que los riesgos a los que son expuestos los sujetos que participan en el estudio no supere los potenciales beneficios); el principio de autonomía (que garantiza la libertad del individuo para decidir si desea participar en el estudio, después de haber sido debidamente informado); y el principio de justicia (que alude a la no discriminación de los sujetos para ser seleccionados por los investigadores por motivos ajenos a los establecidos como criterios de selección de la muestra).
La investigación, en sí misma, es también un compromiso ético hacia la población por parte de los profesionales de la salud, ya que no podemos tomar decisiones clínicas ajenas a la evidencia científica disponible si queremos prestar una atención de calidad. Por tanto, podemos decir sin miedo a equivocarnos que investigar por y para nuestros pacientes es una responsabilidad ética de los profesionales sanitarios y, a la vez, una herramienta para alcanzar la excelencia en la atención sanitaria; pero para ello necesitamos estudios cuyas muestras repliquen las características de la población diana a quienes se dirige el conocimiento generado en la investigación. Empero, la representatividad de la muestra es un reto que no siempre se consigue cuando hablamos de población anciana.
