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La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de Salud Pública. La violencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida, pero tanto esta como sus consecuencias se pueden prevenir o atenuar a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica, entre las que se encuentra garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios.
En España, las cifras oficiales provienen del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 registró 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado.
En 2021 se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de NNA y teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud. Dicha ley, en relación al ámbito sanitario, promovió la creación de la Comisión frente a la Violencia Sanitaria en el Consejo Interterritorial de Salud y estableció como primera acción la elaboración del Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia, que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 30 de abril de 2024 y que será presentado oficialmente en una jornada que tendrá lugar en el Ministerio de Sanidad el próximo 11 de junio de 2024.
