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Antonio J. Illana Conde
Cada vez se revela más necesaria una relación eficaz entre profesionales del ámbito sanitario y jurídico en el abordaje de los problemas relacionados con el mundo de la geriatría. En el marco de esa relación, este artículo busca aportar el conocimiento y difusión de algunas medidas legales que van a tener una honda repercusión en la regulación legal de importantes aspectos de las personas de la tercera edad. Por una parte, se hace una referencia a las modificaciones en materia de incapacidad y tutela. En concreto, en lo que se refiere a la posibilidad del propio interesado de iniciar su propia incapacitación, estableciendo igualmente las medidas que desea que regulen su situación económica en el momento en que aquélla se decretase. Por otra parte, la creación de la ley que regula el patrimonio protegido ha supuesto una importante innovación en la protección patrimonial del mayor incapacitado, innovación que se completa con la creación de una nueva figura jurídica: el contrato de alimentos, mediante el cual el obligado a prestarlos se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital, y todo ello por la mera voluntad de las partes contratantes. Estos instrumentos legales, junto con otros que también se estudian en el presente artículo, encierran en sí mismos una gran potencialidad que debe ser aprovechada en beneficio de nuestros mayores, aunque el paso previo para todo ello es el necesario conocimiento y difusión de su existencia para que su aplicación se generalice en nuestra sociedad.
