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Francisco Javier Ruiz Hornillos, Marta María Albert Márquez, Diego Real de Asúa, María Herrera Abián, Iñigo de Miguel Beriain, Encarna Guillén Navarro
La pandemia de COVID-19ha supuesto un desafío tanto clínico como jurídico y bioético. Se desarrollan estos tres pilares fundamentales en el abordaje de la priorización de recursos sanitarios en pandemia: criterios clínicos, marco legal correspondiente y principios éticos aplicables. Inicialmente se aplicaron criterios clínicos para identificar a los pacientes con mejor pronóstico de supervivencia, combinando una evaluación clínica y el uso de variables de pronóstico a corto y largo plazo. Sin embargo, la decisión de priorizar la atención de un paciente sobre otro tiene una carga jurídico-política, que presenta el riesgo de caer en la discriminación ya que están en juego derechos fundamentales. Los criterios de priorización deben basarse en principios que reflejen como filosofía vehicular la que hemos asumido constitucionalmente como Estado social y democrático de Derecho, que no responde al utilitarismo, sino al personalismo. Cualquier filosofía de distribución de recursos tiene que tener presente la perspectiva científica, constitucional y, con ellas, las de los derechos fundamentales y los principios bioéticos. En la priorización de los recursos deberían consolidarse principios éticos como el respeto a la dignidad de las personas, el principio de necesidad (igual necesidad, igual acceso al recurso), el principio de equidad (que aconseja priorizar a los grupos de población más vulnerables), la transparencia (fundamental en la confianza de la sociedad) y el principio de reciprocidad (que exige proteger a los sectores de la población que asumen más riesgos), entre otros.
The COVID-19 pandemic has been a clinical challenge, but also a legal and bioethical one. These three fundamental pillars are developed in the approach to prioritizing health resources in pandemic, clinical criteria, corresponding legal framework and applicable ethical principles. Initially, clinical criteria were applied to identify patients with the best survival prognosis, combining a clinical evaluation and the use of short-term and long-term prognostic variables. But the decision to prioritize the care of one patient over another has a legal–political burden, which poses a risk of falling into discrimination since fundamental rights are at stake. The prioritization criteria must be based on principles that reflect as a vehicle philosophy that which we have constitutionally assumed as a social and democratic State of Law, which did not respond to utilitarianism but to personalism. Any philosophy of resource distribution must bear in mind the scientific and constitutional perspective and, with them, those of fundamental rights and bioethical principles. In the prioritization of resources, ethical principles must be consolidated such as respect for the human dignity, the principle of necessity (equal need, equal access to the resource), the principle of equity (which advises prioritizing the most vulnerable population groups), transparency (fundamental in society's trust) and the principle of reciprocity (which requires protecting the sectors of the population that take more risks), among others.
