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Cristina Candal Pedreira 
, Carlos Álvarez-Dardet Díaz , Alberto Ruano Raviña, Mónica Pérez Ríos
En los últimos años han salido a la luz muchos casos de mala conducta científica, algunos con importantes consecuencias, que han evidenciado las brechas que globalmente existen en cuanto a integridad científica. En España también se han dado casos notables de mala conducta científica en el ámbito de la investigación biomédica. Sin embargo, hasta el momento no se ha creado un organismo encargado de supervisar las fases de ejecución, análisis y publicación de las investigaciones biomédicas desde un punto de vista ético. Por lo tanto, en este contexto, consideramos que es necesaria la creación de una oficina que supervise la integridad científica en España y que actúe en caso de sospecha de mala conducta científica, llevando a cabo una investigación independiente y con capacidad sancionadora. La existencia de dicho organismo sería de especial importancia en el caso de las investigaciones financiadas con fondos públicos, ya que en ese caso el fraude en investigación supondría la malversación de dinero público. La creación de una oficina que realmente actúe frente a los casos detectados podría tener un efecto disuasorio sobre una potencial mala conducta de algunos investigadores, previniendo así situaciones de mala conducta científica.
In recent years, many cases of scientific misconduct have come to light, some with considerable consequences, highlighting the existing breaches in the scientific integrity globally. In Spain, there have also been high-profile cases of scientific misconduct. However, so far, no organism or agency has been created to monitor the execution, analysis and publication phases of biomedical research from an ethical point of view. Therefore, in this context, we consider that there is a need for the creation of an office which supervises research integrity in Spain which would act in cases of suspected scientific misconduct, carrying out an independent investigation and proposing public sanctions. The existence of such an organism would be of particular importance in the case of publicly funded research, since in that case research fraud would involve the misappropriation of public funds. The creation of an office that would act on detected cases could have a deterrent effect on potential misconduct by some researchers, thus preventing cases of scientific misconduct.
