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La secuenciación genómica es una tecnología extraordinariamente atractiva, tanto como lo es la idea de poder aplicarla a todos los recién nacidos, estableciendo con ello una etapa de cuidados médicos para toda la vida y acciones preventivas a medida del genoma de cada niño.
En la parte I de este artículo se analizaron las limitaciones y oportunidades que presentan las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS). La parte II relaciona el conocimiento científico con los aspectos éticos, legales y sociales (AELS) de su introducción en un programa de cribado neonatal de salud pública de aplicación universal a población vulnerable y asintomática, que debe ser guiada por los principios fundamentales de “no hacer daño” y de actuar “en el mejor interés del niño”.
Para ello se contemplan en primer lugar los principios éticos de la medicina y de la salud pública que rigen el cribado neonatal, a continuación se resumen los principales aspectos de nuestro marco legal al respecto y finalmente en el ámbito social se analizan la influencia del imperativo tecnológico, la de los actores comerciales, los grupos de apoyo de pacientes y por último la perspectiva de los padres y aspectos psicosociales.
Las conclusiones son que en este contexto la secuenciación genómica completa no debe ser implementada como cribado neonatal universal, sin embargo el uso de las NGS podría ser una oportunidad para ampliar los programas incluyendo enfermedades infantiles tratables que no pudiesen ser detectadas con otros métodos. Realizando para ello una aproximación dirigida a enfermedades/ genes concretos, a fin de identificar variantes genómicas bien conocidas, altamente penetrantes confiriendo riesgo elevado de enfermedad prevenible o tratable, para la cual el tratamiento deba iniciarse en el periodo neonatal.
Su incorporación al cribado neonatal debería seguir el modelo actual basado en la evidencia, evaluando los datos empíricos, epidemiológicos y clínicos antes de tomar una decisión sobre la inclusión de una enfermedad, así como los beneficios y riesgos (proporcionalidad) y si los beneficios justifican los costes (justicia distributiva), tomando en consideración el consenso público en tanto que las decisiones tienen una carga de valores que conciernen a la sociedad en su conjunto.
Genome sequencing is a very attractive technology as it is also the idea of sequencing children at birth, with the aim to establish medical care and preventive actions during their whole life, tailored to the genome of each newborn.
Part I of this article analyses limitations and opportunities of next generation sequencing technologies (NGS). Part II relates scientific knowledge with ethical, legal and social issues (ELSIs) concerning its application to a newborn screening program. This program is offered universally to a vulnerable and asymptomatic population and must be guided by principles of “do not harm” and to act in the “best interest of child”.
With this purpose, this article considers, first of all, ethical principles of bioethics and public health that govern newborn screening.
Then it summarizes main issues of our legal framework. And finally, in social context, it analyzes influences of technological imperative, commercial actors and patient´s advocacy groups, as well as parent’s perspective and psychosocial aspects.
In this context, conclusion is that whole genome sequencing should not be implemented as universal newborn screening.
Nevertheless, the use of NGS could be an opportunity to extend these programs, including treatable infantile diseases that cannot be detected with other technologies. That means realizing a directed approach in order to identify well known genomic variants, highly penetrant, that confer a high risk of preventable or treatable diseases for which treatment must begin at the neonatal period.
The implementation of such directed genomic screening should follow current evidence based model for newborn screening.
This model shows three features: recognition of the importance of the evaluation of empirical, epidemiological and clinical data before taking the decision to include a disease; evaluation of benefits and risks (proportionality) and evaluation of benefits and costs (distributive justice); and finally, consideration of public consensus, because this kind of decisions have a value that concerns society as a whole.
