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En España, la Ley de regulación de la Eutanasia (en adelante LORE), reconoce el derecho a solicitar la prestación para recibir la ayuda necesaria para morir, si se cumplen una serie de condiciones exigidas, conforme al procedimiento establecido y observando las garantías que la misma ley establece. Estas garantías establecidas para que la decisión de poner fin a la vida se produzca, en palabras de la ley, con “absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegen a la persona de presiones de cualquier índole. Este sistema establecido por la ley es “garantista” en la medida que requiere de una valoración cualificada y externa a las personas que participan del acto eutanásico [Fragmento de texto].
