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Introducción: La incapacidad temporal por COVID-19 fue regulada de forma expresa, mediante diversas normas e instrucciones, cubriendo tanto el aislamiento por contacto, por infección o para trabajadores sensibles. Supuso la integración de la protección preventiva laboral amparada su protección en una la prestación económica dotada de mayor cuantía. Analizando las consecuencias de la pandemia en la primera ola, confinamiento, desescalada y vuelta a la normalidad, meses de marzo a octubre, el impacto «colapsante» del COVID-19 en el sistema sanitario supuso la paralización y el aumento de listas de espera para pruebas, operaciones y consultas no urgentes del resto de patologías, y consecuentemente un elevado incremento de la duración media de las bajas laborales por todos los procesos, en el confinamiento y la desescalada en un 84,48% y en un 25,27% las bajas prolongadas que alcanzaron más de 365 días. En consecuencia, el COVID-19 como efecto colateral supuso una mala evolución del resto de procesos, prolongando la duración de las incapacidades temporales, lo que supone un empeoramiento de la salud laboral, un riesgo mayor de no retorno al trabajo que sucede en las bajas largas, mayor riesgo de desempleo, un mayor gasto en prestaciones y un deterioro económico para empresas y autónomos. La incapacidad temporal por COVID-19 suponía al final de octubre 2020 el 38,73% de todas las bajas.
Material y Método: Se analizaron los datos suministrados por la Seguridad Social, por el INSS y el Ministerio de Sanidad, se elaboraron para poder extraer datos para poder valorar el impacto del COVID-19 en la incapacidad temporal laboral. Se revisaron hasta octubre de 2019 las siguientes bases de datos bibliográficas: SciELO, PUBMED. Así mismo otras referencias que incluimos en bibliografía.
Objetivo: Recoger de forma sintética la norma aplicable, las situaciones protegidas, y cuantificar el impacto en las bajas, incapacidad laboral, de la pandemia.
Conclusiones: La pandemia obligó a priorizar recursos en torno al COVID-19, colapsando la atención del resto de patologías, salvo urgencias o tratamientos vitales. Esto supuso el aumento de las listas de espera para consultas, pruebas o intervenciones quirúrgicas no urgentes, así como la anulación o postergación de consultas o tratamientos y por ello un incremento en la duración mayor de las bajas laborales y además el empeoramiento de la salud laboral, en consecuencia, al no poder disponer de tratamiento en tiempo y forma. En el confinamiento y la desescalada la duración media de las bajas se incrementó en un 84,48%; por procesos el incremento fue del 503,58% en las enfermedades respiratorias, del 215,88%, en las enfermedades infecciosas, del 60,73% en las enfermedades endocrinas, del 45;42% de las enfermedades de la sangre, del 45,09% de las enfermedades digestivas, del 35,63% en los trastornos osteomioarticulares, del 34,12% en las neoplasias, del 33,37% en las enfermedades circulatorias, del 31,94% de los «procedimientos», y del 29,56% de los trastornos mentales. Las bajas prolongadas (PIT) que alcanzaron los 365 días se incrementaron en un 25,27%, respecto del mes de octubre del año anterior. Las bajas prolongadas por enfermedades endocrinas y de la nutrición se incrementaron en un 28,50, por trastornos mentales en un 28,20%, por trastornos osteomusculares en un 26,70, por neoplasias en un 26,49%, por enfermedades respiratorias en un 24,27%, por enfermedades del sistema nervioso en un 22,79%, por enfermedades cardiovasculares en un 20,48%, y por enfermedades digestivas en un 19,24%. Como consecuencia del COVID-19, se expuso a un riesgo añadido y nuevo a la población trabajadora; sanitarios y socio sanitarios sufrieron la enfermedad como consecuencia directa de su trabajo por enfermedad de indudable carácter profesional. Los efectos del COVID-19 en el retraso de pruebas, cirugías o tratamientos en procesos «No COVID-19» y las dificultades de contacto asistencial empeoraron la salud laboral, prolongando las situaciones de incapacidad y elevando el riesgo que encierran las incapacidades prolongadas de no retorno laboral por la esperada mala evolución de cualquier proceso cuando no puede ser tratado y atendido de forma temprana
Introduction: Temporary disability due to COVID-19 was expressly regulated, through various rules and instructions, covering both isolation by contact, by infection or for sensitive workers. It involved the integration of preventive labor protection covered by its protection in a financial benefit with the highest amount. Analyzing the consequences of the pandemic in the first wave, confinement, de-escalation and return to normality, months from March to October, the «collapsing» impact of COVID-19 on the health system led to the paralysis and increase of waiting lists for tests, operations and non-urgent consultations of the rest of pathologies, and consequently a high increase in the average duration of sick leave for all processes, in confinement and de-escalation in 84.48% and in 25.27% the prolonged casualties that reached more than 365 days. Consequently, COVID-19 as a collateral effect led to a poor evolution of the rest of the processes, prolonging the duration of temporary disabilities, which implies a worsening of occupational health, a greater risk of not returning to work that occurs during sick leave long, higher risk of unemployment, higher spending on benefits and economic decline for companies and the self-employed.
Temporary disability due to COVID-19 accounted for 38.73% of all casualties at the end of October 2020.Conclusions: The pandemic forced to prioritize resources around COVID-19, collapsing the care of the rest of pathologies, except for emergencies or vital treatments. This meant an increase in waiting lists for non-urgent consultations, tests or surgical interventions, as well as the cancellation or postponement of consultations or treatments and therefore an increase in the longer duration of sick leave and also the worsening of occupational health, consequently, by not being able to have treatment in a timely manner. In confinement and de-escalation, the average duration of casualties increased by 84.48%; by processes, the increase was 503.58% in respiratory diseases, 215.88%, in infectious diseases, 60.73% in endocrine diseases, 45; 42% of blood diseases, 45 09% for digestive diseases, 35.63% for osteomyoarticular disorders, 34.12% for neoplasms, 33.37% for circulatory diseases, 31.94% for «procedures», and 29.56% of mental disorders. Long-term sick leave (PIT) that reached 365 days increased by 25.27%, compared to the month of October of the previous year. Prolonged sick leave due to endocrine and nutritional diseases increased by 28.50, from mental disorders by 28.20%, from musculoskeletal disorders by 26.70, from neoplasms by 26.49%, from respiratory diseases in 24.27%, for diseases of the nervous system in 22.79%, for cardiovascular diseases in 20.48%, and for digestive diseases in 19.24%. As a consequence of COVID-19, the working population was exposed to an added and new risk; health and social health workers suffered the disease as a direct consequence of their work due to illness of an undoubted professional nature. The effects of COVID-19 on the delay of tests, surgeries or treatments in «No COVID-19» processes and the difficulties of contact with care worsened occupational health, prolonging disability situations and increasing the risk of prolonged non-COVID-19 disabilities, return to work due to the expected poor evolution of any process when it cannot be treated and attended to early
