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Jaime González Gómez, Pedro J. Linares Rodríguez, Virginia Saz Bueno
Debido al súbito impacto que sobre la vida de las personas tuvo la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 tras la declaración del estado de alarma y las limitaciones que se adoptaron respecto a la movilidad y el confinamiento de la población, hubo repercusiones tanto en la salud como en el trabajo y la economía del país.
Por ello, en Comisiones Obreras asumimos el reto de informar, asesorar y formar a las personas trabajadoras sobre la adopción de medidas de prevención, y participamos en el diálogo social para que el amparo normativo fuese lo más garantista para las personas que enfermaron, redujeron su actividad laboral o tuvieron que seguir la actividad esencial en las mejores condiciones de seguridad y salud; colaborando, además, con la Administración y exigiendo su intervención en los ámbitos que lo requerían, y reclamando, asimismo, la consideración de enfermedad profesional para el personal expuesto en el sector sanitario y sociosanitario.
Esta crisis ha dejado evidencia de un aspecto que no por antiguo está superado: la necesaria coordinación que ha de existir entre las autoridades sanitarias y laborales, para atender así la salud en las empresas en su sentido más amplio, es decir, como Salud Pública. Quien controla el cumplimiento de los aspectos de salud laboral tiene que tener competencias y facultades para actuar en Salud Pública.
Due to the sudden impact that the Covid-19 pandemic had on people´s lives in March 2020 after the declaration of the state of alarm and the limitations that were adopted regarding the mobility and confinement of the population, there were repercussions both in health as well as at work and the economy of the country.
For this reason, Comisiones Obreras took on the challenge of informing, advising and training workers on the adoption of preventive measures and we took part in the social dialogue so that the regulatory protection would be the best guarantee for people who became ill, reduced their work activity or had to continue their essential activity with the best health and safety conditions; collaborating with the Administration and demanding its intervention in the areas that required it, as well as demanding the consideration of occupational disease for staff exposed in the health and social-health sector.
This crisis has highlighted an aspect that has not yet been overcome: the necessary coordination that must exist between the Health and Labour authorities in order to attend to health in companies in its broadest sense, that is, Public Health. Whoever controls compliance with occupational health aspects must have the competences and power to act in the field of Public Health.
