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León, España
El inicio de la andadura de nuevos medicamentos antivirales, como el boceprevir y telaprevir, específicos para el tratamiento de la hepatitis C, trajo nuevas esperanzas de curación para los afectados; esperanzas que se concentraron especialmente en un grupo ciudadano con una alta prevalencia de la enfermedad como la población reclusa y que chocaron de frente con las limitaciones que conllevaban: el aumento de los efectos adversos y el considerable aumento del coste del tratamiento. La ineficaz gestión de los tratamientos por parte de las instituciones, centradas más en las reclamaciones entre comunidades autónomas y el Gobierno por la asunción de los costes, revelaron en el seno del conflicto jurídico un problema de fondo con respecto a la prestación farmacéutica en los centros penitenciarios, donde se pusieron de relieve el incumplimiento del trasvase de competencias en materia de sanidad penitenciaria y la anacronía de la normativa penitenciaria en materia de fármacos con respecto a la legislación vigente, así como la desorganización de la prestación farmacéutica en los recintos penitenciarios. Problemas todos ellos que imponen la necesidad de la reflexión sobre la gestión de un sistema sanitario que afecta a una parte de la población privada de libertad y que tiende a ser olvidada.
