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José Luis Pinto Prades, Erik Nord
El análisis coste-utilidad es la principal herramienta de asignación de recursos sanitarios basada en la evaluación económica. Dicho análisis consiste en la estimación de una medida del producto sanitario llamada años de vida ajustados por calidad (AVAC). En principio, la evaluación económica sugiere que los recursos se han de distribuir de forma que se maximice el número de AVAC. Esto es compatible con el principio de maximización de la salud. Sin embargo, este principio puede no estar de acuerdo con la forma en la que la sociedad quiere distribuir los recursos sanitarios. Comentamos una serie de juicios de valor que están implícitos en el principio de maximización de la salud y, teniendo en cuenta que algunos de estos juicios de salud pueden no estar de acuerdo con las preferencias sociales, se ofrece una forma alternativa de realizar evaluaciones económicas de programas sanitarios que no tengan como objetivo la maximización de la salud. Se expone cómo la preocupación por los enfermos más graves o por el menor potencial de mejora de los discapacitados puede incluirse en una evaluación económica sin que discriminemos a este tipo de pacientes.
Cost-utility analysis is the main analytical tool in order to guide resource allocation in the health sector based on economic evaluation techniques. It is based on a health output measure called Quality-Adjusted Life Years (QALYs). Economic evaluation has usually suggested that resource should be distributed in order to maximize the number of QALYs gained. This is consistent with the principle of health maximization.
This paper shows that this principle may not agree with the way that society would like to see health resources allocated. We show that several disputed social values are implicit inside the health maximization principle. Once we show that some of these value judgements may not agree with social preferences, an alternative way of conducting economic evaluations is shown that has not the objective of maximizing health. It is shown that concern for the most severe patients , for those with less potential to benefit from medical treatments or for handicapped can be introduced in an economic evaluation in a meaningful way without discriminating those patients.
