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Durante los últimos veinte años, la industria alcoholera ha creado y financiado organizaciones de carácter social que le permiten controlar los problemas que pueden perjudicar sus negocios, a través de influir en las políticas del alcohol de las organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales. Para ello se convierten en miembros de destacadas organizaciones específicamente anti-alcohol y de comités que tienen influencia política y respetabilidad; reclutan científicos, organizan congresos y promocionan publicaciones de alto nivel; crean organizaciones de carácter social en mercados emergentes y en países de renta per cápita baja; y preparan y promocionan declaraciones de consenso y códigos de práctica.
Estas organizaciones de carácter social apoyan criterios básicos que, al ser analizados, confirman que su objetivo global no es beneficiar a la salud y al bienestar públicos, sino a la propia industria alcoholera como pueden ser que se puede aprender a beber de forma responsable como base de la prevención, pero si no se tiene en cuenta el entorno social en que el alcohol se consume (políticas de precio, disponibilidad y marketing de los productos alcohólicos, etc) las políticas del alcohol basadas en la responsabilidad individual son ineficaces para reducir los daños que éste ocasiona.
El planteamiento de que el marketing de las bebidas alcohólicas debería estar regulado por la propia industria de bebidas alcohólicas no puede funcionar pues la industria ha roto sus propios códigos de un modo patente, constante y extensivo en todos los lugares del mundo, sin que exista la menor evidencia de que esto haya mejorado en los últimos años.
