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La evidencia acumulada sobre el efecto de crisis anteriores en la salud presenta patrones muy diferenciados atribuibles al diseño de los estudios, a la naturaleza de cada crisis y a otros factores del entorno socioeconómico y político. Existe, no obstante, un consenso cada vez mayor sobre el papel mediador de las respuestas políticas de los gobiernos, que pueden magnificar, o al contrario mitigar, los efectos adversos de las crisis. Estudios recientes revelan un deterioro en algunos indicadores de salud en el contexto de la crisis actual, fundamentalmente en salud mental y enfermedades transmisibles. En algunos países europeos también se ha constatado un descenso en el consumo de tabaco y alcohol. Por otro lado, algunos gobiernos están haciendo uso del contexto de crisis para avanzar reformas tendentes a la privatización de servicios y prestaciones sanitarias, restringiendo con ello el derecho a la salud y a la atención sanitaria. Se está actuando sobre los tres ejes que determinan el campo de la financiación de los sistemas sanitarios: la población protegida, la contribución del usuario y la cobertura de servicios. Estas medidas están siendo adoptadas a menudo de manera arbitraria basándose en decisiones ideológicas más que en la evidencia disponible, de lo que cabría esperar consecuencias adversas en términos de protección financiera, eficiencia y equidad.
The evidence available on the impact of previous crises on health reveals different patterns attributable to study designs, the characteristics of each crisis, and other factors related to the socioeconomic and political context. There is greater consensus on the mediating role of government policy responses to financial crises. These responses may magnify or mitigate the adverse effects of crises on population health. Some studies have shown a significant deterioration in some health indicators in the context of the current crisis, mainly in relation to mental health and communicable diseases. Alcohol and tobacco use have also declined in some European countries. In addition, this crisis is being used by some governments to push reforms aimed at privatizing health services, thereby restricting the right to health and healthcare. Specifically, action is being taken on the three axes that determine health system financing: the population covered, the scope of services, and the share of the costs covered. These measures are often arbitrarily implemented based on ideological decisions rather than on the available evidence and therefore adverse consequences are to be expected in terms of financial protection, efficiency, and equity.
