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Se conoce como reducción de daños al conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de drogas legales o ilegales ocasiona sobre la salud del individuo o a la sociedad. La reducción de daños se opone a los perjuicios infligidos a personas consumidoras de drogas en nombre del control y la prevención del consumo de drogas, y promueve intervenciones que respeten y protejan los derechos humanos de este colectivo. Las políticas de reducción de daños que han mostrado ser efectivas y eficientes son los tratamientos de mantenimiento con agonistas opiáceos (metadona), los programas de intercambio de jeringuillas, las salas de consumo supervisado y la prevención de sobredosis mediante iguales. Para que estas políticas sean eficaces, tienen que tener una amplia cobertura y llevarse a cabo en los ámbitos y zonas donde podemos hallar a la población diana. La oposición ciudadana a la implantación de estas políticas se conoce como fenómeno NIMBY (del inglés Not In My Back Yard) y se caracteriza por estar en contra de la instalación de recursos en un lugar determinado, aunque no pone en entredicho su utilidad. Debido a que cualquier fenómeno NIMBY es un fenómeno social, cultural y político complejo, es importante realizar un análisis en profundidad de la situación antes de implantar cualquier recurso de este tipo. Es preciso ampliar las políticas de reducción de daños a otras sustancias como el alcohol y el tabaco, y a otras enfermedades distintas a las infecto-contagiosas y la sobredosis.
Harm reduction encompasses interventions, programmes and policies that seek to reduce the negative consequences of the consumption of both legal and illegal drugs on the individual and public health. Harm reduction looks to mitigate the harm suffered by drug users through drug use monitoring and prevention, and promotes initiatives that respect and protect the human rights of this population. The harm reduction policies that have proven effective and efficient are: opioid substitution maintenance therapy (methadone); needle and syringe exchange programmes; supervised drug consumption rooms; and overdose prevention through peer-based naloxone distribution. In order to be effective, these policies must have comprehensive coverage and be implemented in areas where the target population is prevalent. Resident-based opposition to the implementation of these policies is known as the NIMBY (Not In My Back Yard) phenomenon, which is characterised by being against the implementation of new measures in a particular place, but does not question their usefulness. Given that any NIMBY phenomenon is a complex social, cultural and political phenomenon, it is important to conduct a thorough analysis of the situation prior to implementing any of these measures. Harm reduction policies must be extended to other substances such as alcohol and tobacco, as well as to other conditions beyond infectious/contagious diseases and overdose.
