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Barcelona, España
El envejecimiento de las sociedades que se ha dado en llamar desarrolladas es un hecho no solo evidente, también parece imparable. No obstante, la mayor esperanza de vida conlleva inexorablemente más enfermedades crónicas y dependencia, situaciones que en un intento de conseguir un aceptable estado de salud y de bienestar están teniendo un enorme impacto en los costes socioeconómicos.
En la enfermedad renal terminal el tratamiento sustitutivo con diálisis está plenamente justificado ya que su efectividad es incuestionable. Sin embargo, la inclusión de pacientes ancianos en diálisis es un debate con larga trayectoria y cuyos criterios se han ido modificando a lo largo de los años. Cuando se iniciaron los programas de diálisis, el objetivo era facilitar el retorno de personas relativamente sanas a la sociedad y al trabajo, por tanto, hasta los años 80, en países como Reino Unido o Canadá muy pocos pacientes de más de 65 años recibían hemodiálisis1. El progreso en las técnicas y una mayor financiación han dado lugar a que los pacientes ancianos puedan acceder a las unidades especializadas sin límites de edad y en la actualidad la población mayor de 65 años ha superado con creces los dos tercios del total de los pacientes, no siendo excepcional la inclusión en diálisis de pacientes mayores de 80 años1,2.
Esta situación ha llevado a reconsiderar algunos criterios terapéuticos puesto que pacientes mayores de 75 años con enfermedad renal avanzada frecuentemente presentan tres o más comorbilidades y tienen expectativas de vida muy escasas1. Algunos estudios que analizan retrospectivamente la supervivencia de estos pacientes mayores con enfermedad renal crónica en estadio V, encuentran que la ventaja de la diálisis se reduce sustancialmente por comorbilidades como la cardiopatía isquémica y demuestran que en muchos de estos casos, con un tratamiento conservador se obtiene una igual supervivencia y una mejor calidad de vida para el paciente y para la familia.
