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Fernando García Benavides 
, María Ángeles López Verdejo, Xavier Durán, Jose M. Martinez
En España coexisten dos sistemas públicos de salud: el universal, gestionado por las comunidades autónomas y financiado con impuestos, y el laboral, gestionado por las Mutuas y financiado por cuotas a la Seguridad Social, los cuales se reparten la responsabilidad de gestión de la incapacidad laboral. Esta doble dependencia dificulta la gestión de esta importante prestación sanitaria y social. Una gestión que es diferente en función de la etiología (común o profesional) y su pronóstico (temporal o permanente). Para poder comprender mejor la naturaleza de la incapacidad laboral, y que su investigación sea útil para mejorar su gestión médica y social, conviene adoptar una perspectiva longitudinal (life course research), analizando trayectorias de incapacidad en los individuos, y no solo episodios aislados. Una trayectoria de incapacidad que debemos analizar junto a la trayectoria laboral de esa misma persona. Para analizar conjuntamente las trayectorias laboral y de incapacidad disponemos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social desde 2004. Una muestra de 873.008 afiliados (un 4%, aproximadamente) en 2009 entre los que se produjeron 163.136 episodios de incapacidad temporal (IT) iniciados en 2009, las cuales evolucionaron entre 2009 y 2012 a 4.738 casos de incapacidad permanente (IP). Un 2,9% en total, que fue del 12,6% en caso de tumores malignos (282 IP de 2.234 IT) y del 9,2% en el caso de enfermedades cardiovasculares (344 IP de 3.532 IT). En un contexto de incremento de la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades crónicas (vivimos más pero con más incapacidad) necesitamos analizar longitudinalmente las trayectorias de incapacidad para poder prevenir los años de vida laboral perdidos por IP, los cuales, como sabemos, están relacionados con la trayectoria laboral (1).
