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La evaluación del impacto en la salud (EIS) es una herramienta que persigue incorporar la salud y el bienestar de la ciudadanía como componente vital en la formulación de políticas. Para muchos autores, si se incorporara de manera sistemática en los procesos de toma de decisión permitiría la consecución de dicho objetivo. Para ello es necesario superar una serie de dificultades, entre las que cabe destacar la obligatoriedad de su empleo, la concienciación de los distintos sectores cuyas decisiones pueden tener impactos significativos en la salud, su diseño de manera que permita un abordaje integral de los determinantes de salud y la capacitación de los profesionales responsables de su aplicación. Andalucía ha incluido en su legislación la EIS de manera preceptiva y vinculante para la aprobación de proyectos en ámbitos como el planeamiento urbanístico, actividades sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental, y planes y programas aprobados por Consejo de Gobierno. Su implantación ha requerido integrarla en los procedimientos de autorización, la capacitación de grupos multidisciplinarios de profesionales de salud pública, la elaboración de guías metodológicas de asesoramiento y la celebración de distintas jornadas de difusión y formación específica por sectores objeto de su ámbito de aplicación.
Health impact assessment (HIA) aims to incorporate people's health and wellbeing as a key feature in policy-making. Many authors believe that HIA might be systematically integrated into all decision-making processes as a way to achieve that goal. To that end, there is need to overcome a number of challenges, including the fact that Andalusia (Spain) has made HIA compulsory by law, the need for awareness of all public sectors whose decisions might have substantial impacts on health and for a methodology that would enable a comprehensive approach to health determinants and inequalities, and the training of both the public health staff and professional sectors responsible for its application. In Andalusia, a law provides mandatory and binding health impact reports for most authorisation procedures in different areas: from sectoral plans to urban planning schemes, and especially projects subject to environmental assessment. Implementation of this law has required its integration into authorisation procedures, the training of interdisciplinary working groups in public health, the preparation of technical guidelines, and the organisation of dissemination and training seminars for developers.
