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Blanca Bórquez Polloni
Salud y equidad, al contrario de lo que pueda creerse, no son cuestiones que desde el reconocimiento formal de la primera, a través de la Declaración de Derechos del Hombre (1948), hayan ido siempre de la mano. Es con la Declaración de Alma Ata de 1978 cuando comienza a plantearse seriamente la estrecha vinculación que entre ambas existe, y que llevó en el año 2000 a diversas organizaciones del ámbito internacional a formalizar su preocupación por los factores que determinan que un sistema sanitario sea o no equitativo. Desde entonces la expresión «equidad sanitaria» ha adquirido especial relevancia al momento de valorar la bondad o las deficiencias de un determinado sistema de salud. Sin embargo, con el tiempo la equidad en salud ha pasado a identificarse casi exclusivamente con un asunto económico centrado en la distribución de los recursos sanitarios. Como resultado, en muchas ocasiones, se olvida prestar la debida atención a aquellas otras inequidades que, tanto en el acceso como durante la prestación de atención en salud se continúan presentando, inequidades que no dependen directamente de elementos financieros y cuya superación no exige de inversiones en dinero, sino de consensos y la voluntad sincera de generar cambios. Esto enfrenta a la bioética del siglo XXI a un doble desafío, de un lado alertar sobre estas inequidades y de otro promover iniciativas capaces de generar cambios efectivos.
