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Colombia no es el mismo país de los años 80 y 90 del siglo pasado. Los grandes carteles de la droga desaparecieron, pero sus herederos diversificaron sus actividades, creando alianzas con guerrillas y paramilitares, produciéndose un incremento de la vinculación de los menores de edad en conductas delincuenciales. El país no ha sido sistemático en la recolección de datos de consumo, y hay un desequilibrio notable en las inversiones realizadas para controlar la oferta y la demanda: 98% y 2% respectivamente. Sin embargo, las cifras oficiales aseguran que hay por lo menos 300.000 personas con necesidad de tratamiento. En América Latina, Colombia se encuentra en un rango intermedio a nivel de consumo, junto con Perú y México; por encima están Chile, Argentina y Uruguay, y por debajo Ecuador y Bolivia. El consumo está despenalizado en el país desde 1994, y la implicación era que quien se metiera en problemas por consumo de drogas tendría que salir por sus propios medios; esto contribuyó a que el sistema estatal de tratamiento no se desarrollara adecuadamente. A pesar de una nueva ley que obliga al estado a ofrecer tratamiento gratuito a quien lo solicite, el sistema de salud se encuentra al borde del colapso y no podrá responder a esas exigencias.
