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La composición del sistema sanitario, y en concreto el volumen y la forma de participación del sector público y el sector privado dentro del mismo, no es un tema cerrado. El trabajo realiza una puesta al día de los argumentos que justifican la intervención pública en sanidad, destacando en especial los fallos del mercado de seguros privados que aconsejan el aseguramiento universal obligatorio, pero haciendo hincapié en que ello no significa que el asegurador tenga que ser necesariamente el propio Estado. Asimismo, se analizan las relaciones entre ambos sectores y las variables que determinan los niveles de gasto relativo en uno y otro sector. Siguiendo la bibliografía sobre provisión pública de bienes privados, se observa que en democracia dichos niveles vienen dados por las preferencias del votante medio, para quien el seguro privado suele actuar como complementario del seguro público. La diferencia de calidad entre los dos sectores, entendida ésta no estrictamente como calidad objetiva, es la variable clave que empuja a algunos individuos a comprar seguro privado adicionalmente al seguro público. Finalmente, en el plano de las políticas, se concluye que la eficacia de las medidas de desgravación fiscal para el fomento de la compra de seguro sanitario privado no está firmemente establecida, y se argumenta que los modelos donde los seguros público y privado están totalmente separados o totalmente integrados son preferibles a los modelos intermedios, en los que ambos sectores aparecen combinados. La compra de servicios a cambio de un pago capitativo realizada por un agente informado parece mejor fórmula para la integración de ambos sectores que el sistema de vales.
