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La evaluación de políticas públicas no siempre resulta una tarea obligatoria para las administraciones. A priori, los instrumentos de intervención por parte del estado se eligen y calculan para maximizar la función de bienestar social, la cual debe estar implícita en las políticas llevadas a cabo o en el programa electoral del gobierno. Sin embargo, sorprende que en ocasiones el estado actúa sin cuestionarse si el funcionamiento de las instituciones y las políticas públicas correspondientes pueden lograr de manera efectiva y eficiente ese objetivo. La ausencia de evaluación lleva a que programas inefectivos e ineficientes provoquen el drenaje de los escasos recursos disponibles, que podrían utilizarse en otras iniciativas de mayor efecto sobre el bienestar de la población
