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, Manuel Oñorbe de Torre
Aunque las primeras competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas fueron las de salud pública, la descentralización no se ha asociado a una renovación de la gestión de las actividades colectivas de promoción y protección de la salud, ni ha supuesto un aumento del peso de la salud pública en el sistema. Para llevar a cabo tal reforma es necesario que las administraciones responsables asuman los papeles que les corresponden: el de motor, liderazgo, referencia, coordinación y evaluación por parte del estado, y el de provisión de los servicios a la población, innovación y colaboración (entre ellas y con el estado) por parte de las autonomías. Las recientes iniciativas legales muestran cierta sensibilidad política que puede convertirse en una oportunidad, junto a las que proporciona la crisis económica, para acentuar el papel garante, en lugar de proveedor, del estado. La marginalidad de la salud pública puede facilitar, paradójicamente, los necesarios acuerdos políticos, aunque los intereses partidistas los dificulten. La influencia de las sociedades profesionales podría tener su importancia.
