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La población española ha crecido en los últimos 10 años en más de 6 millones de personas, de las cuales más de las tres cuartas partes son inmigrantes. Aunque en buena medida se trata de un fenómeno de inmigración económica ligado al intenso ritmo de crecimiento de la economía española, los determinantes sociológicos del proceso confieren al colectivo inmigrante un perfil cuya consideración es relevante para la valoración del impacto de la inmigración en el gasto público y en el sistema de protección social. El crecimiento de la población inmigrante, con menor edad media y tasas de natalidad más altas, permite compensar transitoriamente los desequilibrios demográficos del sistema de pensiones. Por otra parte, las características sociológicas y económicas del colectivo determinan demandas específicas al sistema de protección social. La integración de los inmigrantes se ve facilitada por el acceso a los servicios básicos, educación y salud, lo que, por otra parte, pudiera influir positivamente en el flujo migratorio. El rápido crecimiento de la población ha supuesto en el corto plazo una congestión de los servicios sanitarios, especialmente de la atención primaria, como consecuencia de la desigual distribución de los inmigrantes en el territorio. El gasto imputable a los inmigrantes es menos que proporcional a su peso en la población y se concentra en cuatro comunidades autónomas.
