Codificación de la mortalidad directamente relacionada con drogas ilegales en España: hacia una adaptación a los criterios estándar europeos

• Autores: Sara Santos, Gemma Molist Señé, Gregorio Barrio Anta , José Pulido, María J. Bravo Portela, Rafael Fernández Cuenca, Luis de la Fuente
• Localización: Gaceta sanitaria: Órgano oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ISSN 0213-9111, Vol. 24, Nº. 4, 2010, págs. 309-313
• Idioma: español
• DOI: 10.1016/j.gaceta.2010.04.002
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• Resumen

  • Objetivos Describir los patrones de codificación CIE-10 de las muertes directamente relacionadas con drogas ilegales (DRDI) en el Registro General de Mortalidad (RGM), evaluar la aplicabilidad del criterio europeo (que no considera X44) para extraer estas muertes del RGM y estimar la mortalidad DRDI en España corrigiendo la subestimación.

    Métodos Se extrajeron las muertes DRDI del RGM para 1999�2007 utilizando los criterios europeo y español, se compararon ambas cifras y se evaluaron las diferencias temporoespaciales en los patrones de codificación. Se estimó la mortalidad DRDI estatal aplicando un índice corrector de subestimación, procedente de un registro específico, a las muertes extraídas del RGM.

    Resultados Utilizando el criterio español en 1999�2007 se extrajeron del RGM 5.878 muertes DRDI, un 88,4% del capítulo XX, principalmente de X42 (48,4%) y X44 (38,8%), y el resto del capítulo V, principalmente de F19 (11,5%). El capítulo V supuso un 6,6% en 1999, un 24,6% en 2003 y un 8,0% en 2007. En 2005�2007 las comunidades que más utilizaron el capítulo V fueron Cataluña y Andalucía (34,9% y 30,1%, respectivamente). Con el criterio europeo se extraen bastantes menos muertes DRDI que con el español. La mortalidad DRDI corregida por subnotificación utilizando el criterio español pasó de 4,7/100.000 habitantes de 15�49 años de edad en 1999 a 4,1/100.000 en 2007.

    Conclusiones En España, aplicar el criterio europeo para extraer las muertes DRDI da problemas, porque a cada muerte DRDI se le asigna un único código, que además en ocasiones es bastante inespecífico. Hay que adoptar criterios estatales comunes de codificación en línea con los europeos.