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Vicente Ortún Rubio
La salud de los países pobres mejora aplicando conocimientos de salud pública, lo que requiere capacidad institucional y voluntad política, dos condiciones que el mero aumento de la renta no garantiza. Tanto el análisis coste-beneficio generalizado como la priorización social o compartir conocimientos mediante consenso constituyen métodos adecuados para escoger los planes de actuación. Ciertos problemas, como el aumento de la desigualdad dentro de cada país o el calentamiento global, pueden requerir cambios en nuestras «reglas de juego» al resultar muy difíciles de abordar tanto a través de mecanismos de mercado como mediante las intervenciones públicas de las actuales naciones-estado. «A la política rogando y con el mazo dando (en los servicios sanitarios)» podría ser el lema de la necesaria conciliación entre las acciones individuales y las colectivas sobre la salud. Resulta tan importante actuar sobre las diferencias de morbilidad entre individuos con parecidas exposiciones como disminuir el riesgo global de los grupos poblacionales en los que se concentran las desgracias. En un país como España la conciliación citada pasa por un Estado del Bienestar que consiga una «deseabilidad» social basada en su legitimación democrática y efectividad de actuación, que requiere la consecución de la mejor combinación de actuaciones clínicas y de salud pública.
