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El aseguramiento de la responsabilidad profesional e institucional es la forma más habitual de transferir los riesgos económicos derivados de la actividad sanitaria. El mercado asegurador presenta actualmente ciertas características que determinan una denominada "crisis aseguradora", que combina aspectos relacionados con la demanda y con la oferta: el constante incremento de las reclamaciones y de su coste; la tolerancia "cero" de la población en la aparición de resultados no esperados; el incremento de las primas de las pólizas, la reducción de garantías de las mismas; el largo período que tardan en resolverse las reclamaciones; la disminución de los rendimientos financieros de las aseguradoras; la necesidad de las compañías de financiar los costes con las primas de las pólizas; el abandono del sector de compañías aseguradoras fuertes, como el paradigmático abandono de la aseguradora St Paul. Muchos países están introduciendo modificaciones legales que pretenden modificar esta situación. En España los incrementos de las primas en los últimos 9 años oscilan entre casi el 500 % y el 700 % en el ámbito de gestión del extinguido Instituto Nacional de la Salud (INSALUD); actualmente, las pólizas del sistema sanitario público sobrepasan los 70 millones de euros anuales, e incorporan un aumento de las cláusulas de exclusión y del importe de las franquicias. La regulación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas hace secundaria la contratación de estos seguros, proponiéndose diversas opciones que podrían bien eliminar la conveniencia de su contratación, bien enlentecer la escalada de los precios de este tipo de pólizas.
