Acceso usuarios
Durante la última década del siglo pasado hemos asistido a un crecimiento notable del sector de cuidados gerontológicos no residenciales (centros de día, telealarma, servicios de ayuda a domicilio, etc.) y especialmente en cuidados residenciales. El sector público ha promovido en todas las autonomías la creación de plazas para atención a personas mayores dependientes (residencias asistidas) con diferentes modelos o sistemas de gestión. Apenas se han creado centros públicos de gestión pública y, por el contrario, la gestión privada de plazas públicas (gestión integral privada de centros públicos, gestión privada de plazas concertadas, financiación directa al usuario como cheque-bono asistencial, etc.) es la modalidad que el sector público considera más eficiente. Además, el sector privado, con fin de lucro, más ágil en la creación de nuevos centros, ha venido desarrollando una actividad incesante de construcción y reforma de residencias y centros gerontológicos, que sorprende a todos. A estos dos sectores, público y privado, les preocupa conocer la �producción� que los servicios desarrollan, ya que la mayor parte de las llamadas residencias no son comparables. En este concepto, modelo asistencial o social de �residencias�, caben hasta ahora los centros pequeños, de 15 plazas, las de 150 o las de 450 camas. Es decir, la inmadurez del concepto y la insuficiente definición del catálogo de servicios del sector crea una enorme confusión cuando se pretenden comparar estructuras de centros, carteras de servicios y programas, tipología de usuarios y, desde luego, resultados. Asimismo, la escasez de conocimientos sobre el sector de cuidados gerontológicos ha permitido que no prevalezca un modelo de gestión, sino que cada centro, profesional o servicio desenvuelva una actividad semejante, pero bajo parámetros de producción no comparables. Por estas razones se consideró conveniente establecer un sistema de valoración e información útil no sólo para medir la producción de cada centro, sino también con el objetivo de que podría ser un sistema de valoración del consumo de recursos de atención del que se derivase una facturación a clientes o financiadoras públicas más acorde con el coste real del servicio. Además, la falta de acuerdo de los profesionales de alta cualificación de los centros gerontológicos, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, etc., en lo referente a �procesos�, �protocolos� y sistemas de evaluación, proporcionaba un reto añadido a la posibilidad de establecer un sistema de información que resultase también de utilidad a profesionales para comparar datos, efectuar estudios y proponer planes de cuidados específicos. Incluso los sistemas de información que se buscaron pretendían facilitar la asignación de recursos tanto humanos como técnicos, partiendo de los datos recogidos por el sistema.
