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Lorena Gutiérrez Mundt
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las matronas pueden cubrir hasta el 87% de las necesidades esenciales en salud sexual y reproductiva [1]. Asimismo, estudios internacionales han demostrado que los modelos liderados por matronas mejoran resultados maternos y neonatales y reducen intervenciones innecesarias [2,4,9]. Sin embargo, su participación en la gobernanza nacional sigue siendo limitada, lo que genera brechas entre la evidencia disponible y la toma de decisiones en salud [3].
La evidencia científica respalda que la matronería tiene un impacto directo en la reducción de la morbimortalidad materna y neonatal [2,4] y que, además, contribuye a mejorar la experiencia usuaria y a disminuir las intervenciones innecesarias en los procesos de atención [9].
El modelo de redes integradas de servicios de salud promueve la continuidad del cuidado, la coordinación entre los niveles sanitarios y la atención centrada en las personas [6]. La gestión del cuidado de matronería, al estar presente en todos los niveles de atención de la red asistencial en Chile, cumple un rol clave en la articulación de estos procesos, evitando la fragmentación del cuidado [6,7].
Por otra parte, el enfoque de derechos en salud ha evidenciado la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más humanizados. Diversos estudios han documentado la existencia de maltrato en la atención del parto, lo que constituye una vulneración de derechos [5,8]. No obstante, los modelos liderados por matronas han demostrado reducir estas prácticas y promover una atención respetuosa [5].
A pesar de esta evidencia, persisten barreras estructurales que limitan la participación de la matronería en niveles donde se toman decisiones, lo que impacta en la calidad y eficiencia del sistema de salud [3].
El liderazgo en la Gestión del Cuidado de Matronería a nivel nacional es fundamental para fortalecer los sistemas de salud, mejorar los resultados clínicos y garantizar el respeto de los derechos en salud sexual y reproductiva [1,2,8]. Integrar esta disciplina en los espacios de gobernanza constituye una necesidad técnica, ética y sanitaria para avanzar hacia un modelo de atención más equitativo, centrado en las personas y con enfoque de derechos.
The World Health Organization (WHO) indicates that midwives can meet up to 87% of essential sexual and reproductive health needs [1]. Furthermore, international studies have demonstrated that midwife-led care models improve maternal and neonatal outcomes and reduce unnecessary interventions [2,4,9]. However, their participation in national governance remains limited, creating gaps between available evidence and health decision-making [3].
Scientific evidence supports that midwifery has a direct impact on reducing maternal and neonatal morbidity and mortality [2,4], while also contributing to enhancing patient experience and decreasing unnecessary interventions in healthcare processes [9].
The integrated health services networks model promotes continuity of care, coordination across healthcare levels, and people-centered care [6]. Midwifery care management, being present across all levels of the healthcare network in Chile, plays a key role in articulating these processes, thereby preventing fragmentation of care [6,7].
On the other hand, the health rights approach has highlighted the need to advance toward more humanized care models. Various studies have documented the existence of mistreatment during childbirth care, which constitutes a violation of rights [5,8]. Nonetheless, midwife-led models have been shown to reduce these practices and promote respectful care [5].
Despite this evidence, structural barriers persist that limit the participation of midwifery at decision-making levels, which impacts the quality and efficiency of the healthcare system [3].
Leadership in national-level Midwifery Care Management is essential to strengthen health systems, improve clinical outcomes, and guarantee respect for sexual and reproductive health rights [1,2,8]. Integrating this discipline into governance spaces constitutes a technical, ethical, and sanitary necessity to advance toward a more equitable, people-centered care model with a human rights approach.
