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Georgina Solaz Moreno, Amadeo Fuenmayor Fernández, Teresa Savall Morera
Este estudio investiga la aplicación del método de control sintético para la evaluación de políticas de salud pública, específicamente, se evalúa el impacto de la legislación antitabaco de 2010 en España. Esta política, que representó un cambio paradigmático, tenía como objetivo reducir el tabaquismo y sus múltiples consecuencias para la salud pública. Utilizando datos sobre prevalencia del consumo de tabaco en diversos países, junto con predictores clave de consumo, se examina la eficacia de la legislación en la reducción del tabaquismo. Para ello, mediante el método de control sintético, se construye una “España sintética” a partir de la combinación ponderada de los países de un grupo de donantes (donor pool). Este contrafactual representa la prevalencia de consumo que se habría observado en España en ausencia de la ley. Los resultados demuestran que la legislación redujo el consumo de tabaco. Sin embargo, su impacto diferenciado por género sugiere la necesidad de implementar marcos normativos con perspectiva de género.
This study investigates the application of the synthetic control method for the evaluation of public health policies, specifically assessing the impact of the 2010 anti-smoking legislation in Spain. This policy, which represented a paradigmatic shift, aimed to reduce smoking prevalence and its multiple consequences for public health. Utilizing data on tobacco consumption prevalence across various countries alongside key predictors of consumption, we examine the effectiveness of the legislation in reducing smoking rates. To achieve this, the synthetic control method is employed to construct a ‘synthetic Spain’ from a weighted combination of countries within a donor pool. This counterfactual represents the smoking prevalence that would have been observed in Spain in the absence of the law. The empirical results demonstrate that the legislation successfully reduced tobacco consumption. However, its gender-differentiated impact suggests the necessity of implementing gender-responsive regulatory frameworks.
