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María Jiménez Amuedo, Alicia Román Rojas, Francisco Javier Álvarez Arjonilla, Laura Santos Rodríguez
Los derechos sexuales y reproductivos, definidos por la OMS y respaldados por tratados internacionales como la CEDAW, garantizan que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan ejercer su sexualidad y reproducción con respeto, igualdad y sin violencia. Estos derechos incluyen la igualdad, la protección estatal, acceso a servicios de salud, educación sexual, planificación familiar, maternidad segura y libertad para decidir sobre el cuerpo y la sexualidad. A nivel nacional, existen diversas leyes en España que protegen estos derechos y abordan problemas como la violencia de género, acoso, y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los principales problemas en salud sexual y reproductiva incluyen la falta de corresponsabilidad masculina en la planificación familiar, abortos inseguros, mutilación genital femenina, violencia obstétrica, matrimonios infantiles e infertilidad con sesgos de género. Para mejorar la situación, es clave formar a profesionales sanitarios desde un enfoque de género y derechos, fomentar la investigación, implementar programas de prevención, y promover la autonomía y justicia para las mujeres. También se deben crear políticas públicas sensibles a las desigualdades de género y garantizar la educación sexual integral. Aunque los derechos sexuales y reproductivos están formalmente reconocidos, su aplicación práctica aún presenta brechas significativas. La educación, la formación profesional y la creación de leyes adecuadas son esenciales para avanzar hacia una salud sexual y reproductiva plena y equitativa para todas las mujeres.
Sexual and reproductive rights, defined by WHO and supported by international treaties such as CEDAW, ensure that all individuals, especially women, can exercise their sexuality and reproduction with respect, equality, and freedom from violence. These rights include equality, state protection, access to healthcare services, sexual education, family planning, safe motherhood, and freedom to decide about their bodies and sexuality. At the national level, Spain has laws protecting these rights and addressing issues such as gender violence, harassment, and access to voluntary pregnancy termination. Key sexual and reproductive health problems include the lack of male responsibility in family planning, unsafe abortions, female genital mutilation, obstetric violence, child marriages, and gender-biased infertility. Improving this situation requires training healthcare professionals with a gender and rights perspective, promoting research, implementing prevention programs, and fostering women’s autonomy and justice. Public policies sensitive to gender inequalities and comprehensive sexual education are also essential. Although sexual and reproductive rights are formally recognized, significant gaps remain in their practical implementation. Education, professional training, and adequate legislation are crucial to advancing full and equitable sexual and reproductive health for all women.
