La brecha digital constituye un fenómeno que profundiza las desigualdades sociales, especialmente en poblaciones en situación de exclusión. Este artículo analiza cómo la falta de acceso y habilidades digitales perpetúa la marginación y limita las oportunidades de desarrollo personal, social y económico. A partir de una revisión documental, se exploran las principales barreras que enfrentan estas personas, como la carencia de infraestructuras tecnológicas, la falta de alfabetización digital y los prejuicios socioculturales, que dificultan su integración plena en la sociedad digital.
Asimismo, el artículo examina el papel del trabajo social en la reducción de esta brecha, identificando estrategias inclusivas aplicadas desde la intervención comunitaria, la educación no formal y la colaboración interinstitucional. Se destacan buenas prácticas orientadas a promover la equidad digital, con un enfoque en derechos y participación activa. La reflexión final subraya la necesidad de políticas públicas integrales y sostenibles que reconozcan el acceso a las tecnologías de la información como un derecho fundamental para la inclusión social.
The digital divide is a phenomenon that deepens social inequalities, especially among people in situations of exclusion. This article analyzes how the lack of access and digital skills perpetuates marginalization and limits personal, social, and economic development opportunities. Based on a documentary review, it explores the main barriers faced by these populations, such as the lack of technological infrastructure, absence of digital literacy, and sociocultural prejudices that hinder their full integration into the digital society.
The paper also examines the role of social work in reducing this gap, identifying inclusive strategies applied through community intervention, non-formal education, and inter-institutional collaboration. Best practices aimed at promoting digital equity are highlighted, with a focus on rights and active participation. The final reflection emphasizes the need for comprehensive and sustainable public policies that recognize access to information technologies as a fundamental right for social inclusion.