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La conducta suicida constituye un problema crítico de salud pública que requiere una respuesta concertada y multisectorial. En el ámbito sanitario, la prevención del suicidio no puede recaer únicamente en profesionales de la salud mental o de atención primaria, sino que exige un enfoque integrado en el que también participen los servicios sociales, educativos, administrativos y comunitarios.
Este artículo revisa teorías, modelos y evidencia empírica reciente que promueven la corresponsabilidad institucional en la prevención, detección temprana, intervención en crisis y posvención dentro del Sistema Nacional de Salud en España. Se otorga una atención especial al suicidio en población juvenil, actualmente la principal causa de muerte no accidental en jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que subraya la urgencia de adoptar medidas adaptadas a esta franja de edad.
Asimismo, se enfatiza la importancia de los planes estratégicos a nivel nacional y autonómico, como el Plan de Acción 2025–2027 del Ministerio de Sanidad, la línea 024 de atención telefónica, los códigos de riesgo clínico y el uso de autopsias psicológicas para mejorar el seguimiento y análisis de casos. Finalmente, se abordan los desafíos éticos y legales que enfrentan los profesionales sanitarios, incluyendo la presión social y mediática, así como los límites de su responsabilidad individual en ausencia de un plan nacional integral.
Suicidal behavior represents a critical public health issue that demands a coordinated and multisectoral response. Within the healthcare system, suicide prevention cannot rely solely on mental health or primary care professionals, but instead requires an integrated approach involving social, educational, administrative, and community services.
This article reviews theoretical frameworks, models, and recent empirical evidence that promote shared institutional responsibility in prevention, early detection, crisis intervention, and postvention within Spain’s National Health System. Special attention is given to youth suicide, currently the leading cause of non-natural death among individuals aged 15 to 29, highlighting the urgent need for age-appropriate preventive strategies.
The article also emphasizes the relevance of national and regional strategic plans, such as the 2025–2027 Action Plan by the Ministry of Health, the 024 suicide prevention hotline, clinical risk codes, and psychological autopsies to improve case tracking and analysis. Lastly, it addresses the ethical and legal challenges faced by healthcare professionals, including social and media pressure, and the limits of individual responsibility in the absence of a comprehensive national plan.
