La pobreza infantil es una de las mayores amenazas a los derechos de la infancia y un determinante crítico de salud, con efectos duraderos debido a la vulnerabilidad de los menores de edad, que dependen del cuidado adulto. Más allá de la falta de recursos básicos, impacta negativamente en el desarrollo físico, emocional y educativo, perpetuando la desigualdad social. La ONU promueve una medición multidimensional que integra salud, educación, vivienda y participación social. En España, su costo fue del 4,1% del PIB en 2023, con un 30,3% de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente en hogares monoparentales y familias numerosas. Los pediatras deben incorporar la evaluación psicosocial en su práctica diaria y fomentar la colaboración multidisciplinar, lo que debe reflejarse en los programas de especialistas en formación. Invertir en infancia no solo es una responsabilidad ética, sino una estrategia crucial para el desarrollo sostenible y equitativo de un país.